Producto de una orientación neoliberal y de un gobierno sin gran compromiso con el social, Argentina amarga una gran crisis socioeconómica.
La pobreza ya alcanza al 51,7% de l@s niñ@s y jóvenes y registra el nivel más alto en una década, según el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), de junio 2019. A su vez, el 1.300.000 de niñ@s y adolescentes (10,07% del total) viven en la indigencia. Junto, los datos implican que, de los 13 millones de niñ@s y adolescentes que habitan el país, 6 millones viven en condición de pobreza e indigencia. Mirando solo la provincia de Córdoba, 564 mil niñ@s y adolescentes (55,63% del total) viven en condición de pobreza. Según el Estudio Nacional de Perfil de las Personas con Discapacidad esta población asciende al 10,2%. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas (contando en el rango etario de 6 años y más que fue la población incluida en el estudio). Del total de personas con discapacidad, sólo 33,4% tiene el Certificado de Discapacidad (documento que brinda acceso a derechos) vigente. En el caso de las mujeres desciende al 28,9%. El 38,9% de la población de 15 a 39 años no tiene obra social, prepaga ni plan estatal, y en gran número viven en situación de pobreza.
Mirando a la educación, según datos oficiales, cada 8 minutos un/a alumno/a repite o abandona el secundario. Únicamente los sectores de más poder adquisitivo en el país tienen un alto número de alumn@s que terminan en tiempo y forma el secundario. 6,5 de 10 alumn@s no avanzan en el sistema educativo como se espera que lo hagan. En números más precisos: cada día, 156 alumn@s dejan su curso. Solo el 60,7% de l@s estudiantes de secundario llegan al último año. A medida que las condiciones socioeconómicas se complejizan, también disminuye el porcentaje de estudiantes que llegan al último año en el tiempo estipulado. Independientemente del sexo, el 20,7% de las personas con discapacidad de 10 a 14 años no saben leer y escribir ; entre la población de 15 a 39 años, el porcentaje es 16,6%. El 27,6% de la población de 15 a 39 años cursan actualmente en el sistema de educación formal. El 21,7% de la población que asiste actualmente lo hace en modalidad solo especial; mientras que el 72,3% de la población que asiste o cursa actualmente, lo hace en escuela común. En nuestro país, el 6,8% de la población de 15 a 29 años asiste a nivel inicial o primario, en un marcado fenómeno de sobre edad, es decir estudiantes que cursan en niveles o grados menores a los que corresponden por su edad. De la población con discapacidad de 15 años y más que no cursa actualmente, el 46,4% solo completó el primario o comenzó el nivel secundario y no lo completó.
El desempleo afecta más a l@s jóvenes que a los adultos. Según datos del INDEC, casi dos de diez jóvenes están desempleados (19,3%), mientras que 7,4% es el índice de la población en general. Con una tasa de desempleo en l@s jóvenes más que duplica a la de la población adulta en general, la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región. Por otra parte, el desempleo afecta más a l@s jóvenes que más necesitan trabajar: l@s provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de l@s jóvenes del quintil más bajo de ingreso es desempleado, solo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esa situación. El género es otro predictor de vulnerabilidad laboral: el 25% de las mujeres jóvenes están desempleadas frente al 15,4% de los varones. Si se consideran solamente los trabajadores jóvenes, el porcentaje de informalidad asciende al 60%, es decir que seis de cada diez jóvenes trabajan de forma precaria. L@s jóvenes ganan el salario mínimo o menos, trabajan por jornadas extendidas, en situaciones insalubres y sin protección social (sin vacaciones pagas, licencias por estudio, por maternidad o paternidad en caso de tener un/a hijo/a, ni aportes jubilatorios). Según los datos del último anuario publicado por el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, el 86 por ciento de las personas con discapacidad de nuestro país en edad laboral, que tramitaron su Certificado Único de Discapacidad (CUD) durante el 2016, no trabajan. Entre los varones con discapacidad el porcentaje es del 84,06 %, mientras que asciende hasta el 89 por ciento entre las mujeres con discapacidad .
Cuanto a los derechos ciudadanos, l@s jóvenes, no solo ven vulnerados sus derechos a la alimentación, a la educación y a un trabajo digno, sino que además no pueden ejercer otros derechos ciudadanos, tales como los derechos ambientales, el derecho a jugar, el derecho a recibir educación sexual integral con perspectiva de género, el derecho a expresarse y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. La población juvenil de sectores populares y/o con discapacidad es blanco de múltiples prejuicios que habilitan la exclusión, la violencia institucional y la falta de oportunidades.
El proyecto se propone trabajar sobre los ejes mencionados: educación, trabajo y ciudadanía, con el fin de promover la inclusión educativa, laboral y social de l@s jóvenes con los que trabajamos.